El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional oficializó la extensión de 7 días continuos, ampliando hasta el miércoles 18 de noviembre el plazo para recibir recaudos de aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Venezuela, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. Más allá de un trámite administrativo o de una cifra récord que supera las 900 candidaturas, lo que hoy se disputa en los pasillos del Museo Boliviano es la posibilidad real de recuperar una justicia que responda al ciudadano común y no al poder de turno.
Para quienes han seguido de cerca el deterioro institucional y el impacto directo de la falta de garantías judiciales en la vida cotidiana de los venezolanos, este proceso despierta tanto cautela como expectativa.
Nacido al calor de los acuerdos políticos entre el oficialismo y sectores de la oposición, el actual llamado pone sobre el mismo tablero a perfiles de la sociedad civil, fichas partidistas y cuadros del chavismo, abriendo una interrogante clave para la defensa de los derechos humanos: ¿estamos ante una verdadera puerta hacia la restitución de garantías o frente a un nuevo reparto de cuotas de poder?
Tres visiones en la renovación del sistema judicial venezolano. La convocatoria al máximo tribunal ha dibujado un mapa diverso donde convergen intereses, trayectorias y proyectos políticos muy distintos:
La apuesta de la sociedad civil y la academia: Juristas independientes, defensores de derechos humanos y catedráticos han decidido dar un paso al frente. Su presencia representa el intento de rescatar la meritocracia, el rigor constitucional y la independencia judicial como pilares indispensables para proteger a las víctimas y garantizar el debido proceso, aquí mencionamos algunos perfiles destacados.
Sociedad Civil y Academia
- Magaly Vásquez: Doctora en Derecho, secretaria general de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), profesora titular de Derecho Penal e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Cuenta con el respaldo institucional de la UCAB y un perfil técnico-académico independiente.
- Juan Carlos Apitz: Abogado, profesor universitario y actual decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Fue magistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (destituido en 2004, caso ganado ante la Corte IDH) y cuenta con el respaldo institucional de la UCV.
- Fermín Mármol García: Abogado penalista, criminólogo y director del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Santa María (USM). Se postuló a la Sala Penal promoviendo la independencia judicial y mecanismos de justicia transicional, sin militancia partidista.
Los nombres impulsados por la oposición: Diversas corrientes opositoras han respaldado candidaturas bajo la premisa de que abandonar los espacios institucionales solo profundiza la indefensión ciudadana, apostando por construir contrapesos desde adentro del Estado.
Sector Opositor
- Tamara Adrián: Doctora en Derecho Comercial, profesora universitaria (UCV/UCAB) y exdiputada de la Asamblea Nacional de 2015 electa por el partido opositor Voluntad Popular. Se postuló a la Sala Constitucional con respaldo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCV.
- Juan Manuel Raffalli: Abogado constitucionalista y profesor de la UCV y la UCAB. Se ha desempeñado como asesor jurídico de la Asamblea Nacional de 2015 y miembro de equipos técnicos de la oposición democrática en mesas de negociación política.
- Nelson Chitty La Roche: Abogado, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la UCV. Exdiputado del extinto Congreso Nacional y dirigente político de trayectoria histórica vinculado al partido opositor Copei.
La continuidad del chavismo: Profesionales del derecho vinculados al aparato estatal y al oficialismo buscan revalidar sus cargos o asegurar su permanencia, defendiendo el modelo institucional vigente y su control sobre las estructuras del sistema de justicia en Venezuela.
Sector Oficialista / Chavista
- Guillermo Blanco Vázquez: Abogado, exmagistrado del TSJ, expresidente de la Sala de Casación Civil e Inspector General de Tribunales. Figura en registros oficiales vinculados al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a las estructuras directivas del Poder Judicial.
- Durga Yhosebe Ochoa Juárez: Abogada, exdirigente del Frente Nacional de Abogados Revolucionarios Socialistas (FENAR) y exdiputada de la Asamblea Nacional electa en 2020 por el bloque oficialista. Aparece preadmitida para optar simultáneamente a magistrada, inspectora y directora de la Escuela de la Magistratura.
- Ubencio José Martínez Lira: Abogado con trayectoria de carrera dentro de la administración pública venezolana bajo el oficialismo. Repite postulación tras el proceso anulado de mayo y figura preadmitido para magistrado e inspector general de tribunales.
Lo que está en juego para los derechos humanos. Analizar la selección de los nuevos magistrados del TSJ exige mirar más allá del discurso oficial y evaluar lo que realmente implica para la garantía de los derechos fundamentales en el país.
Ventajas y oportunidades del proceso
Una ventana a la pluralidad. Extender el lapso de postulaciones hasta el 18 de noviembre permite que voces independientes y trayectorias con solvencia ética entren en el radar público, rompiendo con la homogeneidad política que ha caracterizado al sistema en los últimos años.
Auditoría ciudadana. La existencia de baremos y la participación de organizaciones civiles obligan a que las hojas de vida sean examinadas bajo estándares internacionales de derechos humanos, exponiendo públicamente quiénes cumplen con los requisitos constitucionales y quiénes no.
Reinstitucionalidad de un país. La convergencia de distintos sectores en un mismo proceso reconoce, al menos en el papel, que la crisis de justicia requiere salidas negociadas y con mayor respaldo social.Riesgos y desafíos pendientes
Coutas del poder. El principal temor entre defensores de derechos humanos y ciudadanos es que los acuerdos políticos terminen imponiéndose sobre la idoneidad técnica, convirtiendo al máximo tribunal en un mosaico de lealtades partidistas en lugar de un garante imparcial de la ley.
Contrareloj. Evaluar con rigurosidad más de un millar de expedientes —sumando el TSJ, la Inspectoría y la Escuela de la Magistratura— en pocas semanas corre el riesgo de convertir la revisión de méritos en un mero formalismo acelerado por el calendario político.
Deuda histórica con las víctimas: Ninguna renovación de nombres tendrá impacto real si no se traduce en el fin de la impunidad, el cese de la persecución y el acceso efectivo a una justicia oportuna y transparente para todos los venezolanos por igual.
Hasta las 16:00 horas del miércoles 18 de noviembre permanecerán abiertas las puertas del Museo Boliviano en Caracas para consignar los expedientes.
A partir de ese cierre, la atención dejará de estar en la cantidad de inscritos para centrarse en la transparencia de las entrevistas públicas y en una exigencia innegociable: que los futuros magistrados respondan únicamente a la Constitución y a la dignidad humana de todos los ciudadanos venezolanos.
