El ministro de Relaciones Exteriores desmintió los señalamientos que vinculan a la Cancillería con las restricciones impuestas a una delegación de parlamentarios europeos que intentaba ingresar a la residencia del dirigente opositor, quien permanece bajo arresto domiciliario.
Caracas, 12 de noviembre de 2026.– El canciller venezolano, Oliver Blanco, rechazó este jueves las acusaciones que atribuyen al Ministerio de Relaciones Exteriores la supuesta orden de impedir el ingreso de los eurodiputados españoles Hermann Tertsch y José María Frías a la vivienda del dirigente opositor Perkins Rocha, quien se encuentra bajo arresto domiciliario.
La controversia surgió después de que circulara en redes sociales una denuncia sobre la actuación de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes presuntamente habrían señalado que las restricciones de acceso respondían a instrucciones de la Cancillería venezolana.
Ante la difusión de esta versión, Blanco utilizó su cuenta en la red social X para desmentir los señalamientos. El funcionario compartió una imagen relacionada con el procedimiento policial sobre la que colocó la palabra «FAKE», con la intención de cuestionar la veracidad de la información.
Persisten interrogantes sobre las restricciones de acceso
Aunque el pronunciamiento del canciller niega que su despacho haya impartido instrucciones para impedir la visita, la respuesta no esclarece qué autoridad habría ordenado la restricción ni cuáles fueron los fundamentos del procedimiento atribuido a la PNB.
El incidente ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que se encuentra Perkins Rocha y las posibilidades de recibir visitas durante el cumplimiento de la medida de arresto domiciliario.
Hasta el momento, la información disponible no permite establecer si la actuación policial respondió a una disposición judicial, una instrucción administrativa o una decisión adoptada por los funcionarios presentes en el lugar.
La controversia ocurre durante la visita de los parlamentarios europeos a Venezuela y pone nuevamente en discusión las condiciones de acceso a dirigentes políticos sometidos a medidas judiciales.
El desmentido de Blanco se refiere específicamente a la presunta participación del Ministerio de Relaciones Exteriores en la decisión, sin que ello permita confirmar o descartar, por sí solo, las denuncias sobre las restricciones impuestas a los eurodiputados.
