El Gobierno de Estados Unidos admitió el viernes por la noche que el Gobierno venezolano podría sufragar los honorarios de los abogados defensores de Nicolás Maduro, una cuestión que llevaba semanas pendiendo sobre el caso.
En una carta presentada ante el tribunal federal de Manhattan, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, afirmó que el Departamento del Tesoro había emitido licencias modificadas que permitirían a los abogados defensores de Maduro, expresidente de Venezuela, y de su esposa, Cilia Flores, recibir pagos del Gobierno de su país.
El departamento había bloqueado previamente esos pagos, lo que desencadenó furiosas protestas por parte de los abogados defensores.
Esta novedad se produce un mes después de una vista en la que el juez que preside el caso, Alvin K. Hellerstein, interrogó duramente al Gobierno sobre los motivos por los que se estaban bloqueando los fondos. El juez llegó incluso a sugerir que, si Estados Unidos no cambiaba de rumbo, podría considerar desestimar el caso, una sugerencia que había sido formulada por un abogado de Maduro, Barry J. Pollack.
En la carta, el Sr. Clayton señaló que los abogados del Sr. Maduro habían reconocido que la concesión del Departamento del Tesoro había dejado sin objeto los esfuerzos de la defensa por desestimar la acusación y que, por el momento, retiraban dicha solicitud.
Las fuerzas estadounidenses detuvieron a Maduro en un complejo de la capital de Venezuela, Caracas, en enero, y lo trasladaron a Estados Unidos. Fue acusado en Manhattan de conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, entre otros cargos. El Sr. Maduro y la Sra. Flores, acusada en la misma acusación, se han declarado inocentes. Ambos se encuentran recluidos en un centro de detención de Brooklyn a la espera de juicio.
Aún faltan meses, si no años, para el juicio. Pero la concesión de la Administración el viernes por la noche despeja el primer gran obstáculo del caso. La cuestión se hizo pública por primera vez en febrero, cuando el Sr. Pollack alertó al juez Hellerstein de que el Gobierno de Estados Unidos estaba impidiendo que el Gobierno venezolano le pagara a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
La oficina, conocida como OFAC, concede licencias que permiten a particulares y empresas celebrar acuerdos con países sujetos a sanciones estadounidenses que, en circunstancias normales, estarían prohibidos. El Sr. Pollack afirmó que, tras conceder inicialmente una licencia que le habría permitido aceptar pagos de Venezuela, la OFAC modificó dicha licencia para prohibir dichos pagos.
El Sr. Pollack alegó que dicha restricción impedía al Sr. Maduro costearse sus servicios. Afirmó que la decisión vulneraba el derecho del Sr. Maduro, amparado por la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección.
En la vista celebrada el mes pasado en el tribunal federal de Manhattan, el juez Hellerstein se mostró dispuesto a dar la razón al demandante. Afirmó en varias ocasiones que el derecho a la defensa del Sr. Maduro era «fundamental» y sugirió que las sanciones en cuestión podrían estar obsoletas, dada la reanudación de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Cuando el juez indicó que podría fallar en contra del Gobierno, el fiscal principal del caso, Kyle Wirshba, sugirió que la Administración Trump podría reconsiderar la cuestión.
En su carta del viernes, el Sr. Clayton señaló que las licencias modificadas sometían los fondos venezolanos a ciertas condiciones, entre ellas que los pagos se realizaran con fondos de que disponga el Gobierno del país a partir del 5 de marzo de 2026, fecha en la que Venezuela y Estados Unidos restablecieron formalmente sus relaciones diplomáticas.
La carta se presentó antes de que el juez Hellerstein se pronunciara sobre el asunto. El Sr. Clayton señaló que la acusación y la defensa habían solicitado una vista preliminar dentro de 60 días, en la que probablemente se definirían los próximos pasos en el largo camino hacia el juicio.
TRANSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE LA FISCALÍA DE EEUU
El Honorable Alvin K. Hellerstein
Juez de Distrito de los Estados Unidos
Distrito Sur de Nueva York
500 Pearl Street
Nueva York, Nueva York 10007
Asunto: Estados Unidos vs. Maduro Moros y Flores de Maduro, S4 11 Cr. 205 (AKH)
Estimado Juez Hellerstein:
Las partes escriben conjuntamente para informar al Tribunal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha modificado las licencias de los abogados de los acusados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro. Las licencias modificadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo que (i) los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros según se define en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026.
El Gobierno entiende que las licencias modificadas han resuelto los asuntos subyacentes a las mociones de los acusados para desestimar la acusación sustitutiva S4 11 Cr. 205 (AKH). (Véanse Dkts. 289, 292). Por lo tanto, los acusados retiran dichas mociones por haber quedado sin objeto, sin perjuicio de volver a presentarlas si surgen cuestiones similares en el futuro. Las partes además solicitan que el Tribunal programe una conferencia de estado dentro de aproximadamente 60 días y que excluya tiempo respecto a ambos acusados conforme a la Ley de Juicio Rápido, de acuerdo con 18 U.S.C. § 3161(h)(7)(A). El Gobierno sostiene respetuosamente que los intereses de la justicia al conceder la exclusión de tiempo solicitada superan los intereses del público y de los acusados en un juicio rápido, a fin de que el Gobierno pueda producir las pruebas, la defensa pueda revisarlas y considerar qué mociones previas al juicio prevé presentar. Los abogados de ambos acusados han informado al Gobierno que consienten las solicitudes anteriores.
Respetuosamente presentado,
JAY CLAYTON
Fiscal de los Estados Unidos
