Un grupo de organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanas envió una carta abierta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que expresan su preocupación por la situación institucional en Venezuela y solicitan el acompañamiento del Estado colombiano para promover principios democráticos y el respeto a los derechos humanos en el país.
La comunicación se produce en el contexto del anuncio de una próxima visita a Colombia de Delcy Rodríguez, quien actualmente ejerce funciones como “presidenta encargada” de Venezuela tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia emitida el 3 de enero de 2026.
En el documento, las organizaciones señalan que la designación se basa en una interpretación judicial de la Constitución venezolana que, a su juicio, ha generado cuestionamientos jurídicos. Explican que la Constitución establece procedimientos específicos para la sustitución del jefe del Estado en los artículos 233 y 234, que regulan los supuestos de falta absoluta y falta temporal del presidente.
Según el texto, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia reconoce la existencia de una situación “no prevista literalmente” en la Constitución, pero no declara formalmente la configuración de una falta temporal, tampoco establece límites temporales al ejercicio del poder ni activa los mecanismos de control institucional previstos en el marco constitucional.
Las organizaciones firmantes consideran que esta situación plantea interrogantes sobre la regularidad constitucional del procedimiento de sucesión presidencial y sobre el funcionamiento de principios fundamentales del Estado de derecho, como la separación de poderes y los controles democráticos.
En ese sentido, solicitaron al gobierno colombiano que, en el marco de los encuentros bilaterales previstos, promueva varios principios relacionados con la defensa del orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Entre los puntos planteados destacan la importancia de garantizar el cumplimiento de los procedimientos constitucionales para el ejercicio del poder público, la protección de los derechos civiles y políticos, el respeto al debido proceso y la liberación de personas consideradas presos políticos, incluidos ciudadanos colombianos detenidos en territorio venezolano.
Asimismo, las organizaciones pidieron impulsar condiciones que permitan el ejercicio del derecho a la participación política y la celebración de procesos electorales libres y verificables, así como promover el restablecimiento del equilibrio entre los poderes públicos y mecanismos efectivos de control democrático.
El documento también plantea la necesidad de que Colombia mantenga un rol activo en la promoción de soluciones pacíficas y democráticas para la situación venezolana, en consonancia con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este contexto, sugieren facilitar el acceso de instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evaluar la situación en el país.
La carta fue suscrita por más de treinta organizaciones venezolanas dedicadas a la defensa de derechos humanos, la participación ciudadana y la promoción de la democracia, entre ellas RedesAyuda, ProboxVE, Voto Joven, Laboratorio de Paz, CEPAZ, Labo Ciudadano y el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, entre otras.
