La modificación del régimen de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela amplía considerablemente el margen de maniobra del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Las autoridades estadounidenses han levantado la sanción contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras tres entidades financieras estatales: el Banco de Venezuela (antiguo Santander, nacionalizado por Hugo Chávez y el que posee la mayor cantidad de clientes en el país), el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro. Estas instituciones concentran la nómina pública nacional.
Entre las operaciones autorizadas están todo tipo de transferencias y el uso de billeteras digitales. Además, facilita las operaciones en los mercados de cambio de divisas al autorizar el ingreso de dólares al país. También permite los servicios bancarios de pago y de cuentas corresponsales denominados en dólares estadounidenses, los servicios relacionados con el cobro, envío o recepción de fondos y remesas, así como el pago de salarios, pensiones, anualidades, nóminas y otros beneficios laborales.
Esta es la medida más importante para apuntalar la agenda de reconstrucción que Washington ha trazado sobre Venezuela tras la intervención militar, y se esperaba desde hace días. Resultaba una acción necesaria y complementaria a las licencias previas —11 en total desde enero de 2026, sumando las dos emitidas este martes— que la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) había otorgado sobre los sectores petrolero, gasífero, eléctrico y minero. Aquellas disposiciones permitieron el comercio de crudo y oro bajo el control de Estados Unidos; sin embargo, el dinero producto de esas ventas permanecía trabado por otras sanciones.
La nueva medida sobre el BCV implica, además, la reconexión con el sistema financiero internacional, un espacio del que Venezuela estuvo vetada por casi una década. Dicho aislamiento llevó a las entidades bancarias a una política de sobrecumplimiento en la vigilancia de transacciones hechas por venezolanos, estuvieran vinculados al Gobierno o no, lo que impuso severas restricciones a la operación de empresas y particulares.
La licencia al BCV podría ser clave para la agilización del mercado cambiario en un momento en que la escasez de divisas ha acelerado el índice de precios. Venezuela cerró 2025 con una inflación cercana al 500% que ha seguido creciendo en lo que va de 2026; para algunos economistas, este escenario sitúa al país al borde de una nueva hiperinflación.
La demanda de dólares continúa superando la oferta disponible, lo que ha presionado el tipo de cambio fuera del mercado oficial. La reconexión con la banca internacional facilitaría la entrada de divisas y ampliaría la participación de más instituciones en el mercado cambiario. El levantamiento de sanciones era, asimismo, un requisito para el reconocimiento de Venezuela y el acceso a créditos de recuperación ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para ello, también sería imperativo que el organismo recupere su independencia frente al Ejecutivo. El Banco Central de Venezuela está presidido actualmente por Laura Guerra Angulo, tía de Nicolás Maduro Guerra e hijo del mandatario depuesto por Estados Unidos y encarcelado en Nueva York.
En la licencia 56, también emitida este martes, se ha otorgado una autorización amplia a las empresas para participar en negociaciones y licitaciones relativas a contratos comerciales con el Gobierno de Venezuela. Esta disposición podría facilitar acuerdos para proporcionar bienes y servicios destinados a la infraestructura eléctrica y otros sectores estratégicos donde se requieren grandes inversiones.
