Las conversaciones entre el Gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición, orientadas a construir una transición hacia la celebración de elecciones en Venezuela, retoman esta semana con un nuevo encuentro entre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y Dinorah Figuera, la opositora elegida por Washington para liderar la negociación. Este miércoles, Figuera aterrizó en el aeropuerto de Barcelona, a unos 300 km de Caracas, para comenzar la primera ronda de encuentros. Todavía se conocen pocos detalles de la agenda que seguirán ambas partes. “No es una tarea fácil, requiere aporte técnico e incluye además el tratamiento de las consecuencias del doble terremoto en La Guaira. Esto será un tema prioritario”, declaró Figuera nada más aterrizar.
El molde de esta negociación lo ha diseñado el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha designado a Figuera como emisaria para acordar con los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez los cambios políticos necesarios para garantizar unas elecciones libres. Entre las medidas está la renovación del Consejo Nacional Electoral y el poder judicial, cooptado por el madurismo. María Corina Machado, la líder política con más popularidad del país, permanece de momento apartada del proceso con el visto bueno de Washington.
El inicio de las conversaciones estaba previsto para el pasado 1 de agosto, pero ese día Rodríguez y Figuera, que aún vive en España, apenas mantuvieron una conversación telefónica. Tras ella, ambos anunciaron en comunicados separados que cada equipo negociador contará con seis miembros, aunque en realidad todo el espectro político venezolano quita importancia a quién integre estas mesas porque, en la práctica, esta es una negociación de los Rodríguez con Washington. “No es más que una mampara”, describe un político opositor que, cree, además, que las cartas ya están echadas. “Habrá cambio en el CNE en diciembre y elecciones de gobernadores en 2027”.
Por la oposición, participan únicamente parlamentarios de los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia de la Asamblea Nacional de 2015, órgano que aún preside Figuera. Por el chavismo, además de Jorge Rodríguez, participan cuatro diputados y la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan, muy cercana a los hermanos en el poder. Tras verse excluidos de unas conversaciones que deberían servir para marcar la hoja de ruta del futuro de Venezuela, el resto de partidos opositores ha mostrado cierta desconfianza en el proceso.
Las partes ya han trazado tres puntos de discusión: atención a las víctimas del terremoto, fortalecimiento de la democracia y derechos y garantías políticas. El primero remite directamente al papel de la Asamblea Nacional de 2015, que todavía conserva facultades jurídicas en Estados Unidos sobre fondos y activos venezolanos en el exterior valorados en miles de millones de dólares. Esas facultades datan del primer mandato de Donald Trump, cuando Washington respaldó oficialmente a esta institución y dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Es el punto que más le interesa al chavismo, y por el que previsiblemente arrancarán las discusiones.
Los otros dos puntos, que recogen sobre todo las demandas de la oposición, aún no tienen un alcance definido. De forma general, se habla de renovar los poderes públicos, habilitar a los partidos que el chavismo bloqueó judicialmente y celebrar elecciones en todos los niveles —regionales, parlamentarias y presidenciales—, posiblemente en ese orden.
Las negociaciones impulsadas por Washington responden a la crisis que arrastra el país desde las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando Nicolás Maduro se atribuyó la victoria en unos comicios que, según la mayoría de las actas oficiales recopiladas por la oposición, había ganado su candidato, Edmundo González Urrutia, abanderado de Machado. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ambos controlados por el Ejecutivo, avalaron el fraude, y Machado insistió desde entonces en que se reconocieran esos resultados. El escenario cambió el pasado 3 de enero con la captura de Maduro y la imposición de una tutela estadounidense sobre Venezuela.
La oposición empezó entonces a exigir elecciones presidenciales cuanto antes. Estados Unidos, sin embargo, estableció un plan de tres fases que deja lo político para el final y da prioridad a la estabilidad y la recuperación económica, de cara a la entrada de inversionistas extranjeros. El secretario de Estado, Marco Rubio, se ha referido también a la necesidad de elecciones en todos los niveles, pero ha pedido paciencia con el proceso, al que fijó una duración de meses. “Creo que va a requerir algo de constancia y un poco de paciencia; no años, pero sí meses y semanas”, dijo esta semana a periodistas en Washington.
Según el funcionario, el objetivo es que el próximo Gobierno de Venezuela no herede un “desastre”, sino un “Estado funcional”. “Estas cosas son difíciles. No ocurren así. Sé que todos estamos acostumbrados a resultados instantáneos”, añadió.
La negociación ha generado grandes expectativas. La posibilidad de poner fin a la larga crisis política venezolana con unas elecciones libres y legítimas entusiasma a los opositores de todo el arco político, pero el proceso parte con algunas grietas que amenazan con hundirlo, como ocurrió con decenas de negociaciones intentadas en la última década. La primera de ellas es que la figura de Dinorah Figuera fue impuesta por Estados Unidos con el sí de los Rodríguez, lo que ha generado nuevas incertidumbres en la oposición.
A María Corina Machado le ha costado semanas referirse con claridad a esta maniobra que la apartó de cualquier liderazgo en las negociaciones con el chavismo, tal y como habían acordado en mayo en Panamá los partidos opositores —incluido el de Figuera— que integran la Plataforma Unitaria. Pero poco después de aquel acuerdo cargado de escenografía con decenas de opositores arropando a Machado, Figuera aterrizaba por sorpresa en Caracas. “A mí no me consultaron”, ha asegurado.
Machado ha dicho que eso no será un obstáculo para alcanzar la transición que se espera. La posición de la Plataforma Unitaria, en cambio, es menos clara: sus dirigentes llevan semanas reuniéndose intensamente para llegar a un acuerdo, pero todavía no han dicho qué rol tendrán en el proceso que arranca esta semana. Ese silencio ya es, en sí mismo, una señal. Otros dirigentes, como Henry Ramos Allup (Acción Democrática) y Henrique Capriles Radonski (Primero Justicia), se han pronunciado por separado para exigir que Machado sea incluida en las conversaciones.
“Tenemos 25 años de reuniones, esperamos resultados y hechos. El mandato está clarísimo: queremos ver a todos los presos políticos civiles y militares en sus casas; todos los medios de comunicación diciendo libremente la verdad sin miedo a ser censurados; todos los órganos de tortura y represión desmantelados, no hay más tiempo que darles”, ha dicho Machado en una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta. “Queremos ver un cronograma de elecciones presidenciales, parlamentarias y regionales ya sobre la mesa. Que sea la voz de la gente la que se exprese. Eso es la transición”. A pesar de su arenga, Machado aceptaba así la celebración de otros comicios antes de los presidenciales, una fórmula que rechazaba hasta ahora.
