Tras los dos terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, siete estadounidenses de la empresa *Strategic Response Partners* viajaban desde Miami para rescatar supervivientes. Llegaban equipados con sierras capaces de cortar hormigón y acero, y con décadas de experiencia conjunta salvando vidas tras desastres naturales.
Entonces, el piloto recibió un mensaje del control de tráfico aéreo venezolano: su permiso de aterrizaje había sido revocado. Sin explicaciones.
El equipo quedó atónito. Ya habían esperado cuatro días angustiosos a que la burocracia venezolana aprobara sus permisos de entrada. Ahora debían dar media vuelta hacia la República Dominicana, donde esperaron 15 horas a que los contactos diplomáticos consiguieran la autorización para intentarlo de nuevo.
Para cuando llegaron a una base militar cerca del epicentro costero del sismo, el 30 de junio, ya habían pasado las últimas horas cruciales para encontrar supervivientes entre los escombros.
“Si nos hubieran dejado entrar antes, realmente podríamos haber ayudado a salvar vidas”, dijo Michael Saavedra, un corpulento bombero de Miami Beach de casi dos metros de estatura y director del equipo. “Imagínate entrar en el partido cuando quedan cuatro minutos. Sin planes, sin entrenador, sin ayuda alguna. ¡Simplemente: bum, a jugar!”.
Recordó haber sacado el cuerpo cubierto de polvo de una mujer que mostraba señales de haberse aferrado a la vida durante días en una bolsa de aire bajo los escombros antes de morir.
“Es desgarrador”, dijo Saavedra.
El director ejecutivo de *Strategic Response Partners*, Steve Slepcevic, ha trabajado en desastres naturales en Haití, Chile y México. Se quedó impactado por la respuesta del gobierno venezolano, así como por la construcción deficiente que provocó el colapso de los edificios.
“En más de 35 años, esta es, con diferencia, la peor situación que he vivido”, afirmó Slepcevic, quien había viajado hasta allí desde su casa en San Diego.
Los retrasos reflejan los obstáculos burocráticos y políticos que, según grupos de rescate tanto venezolanos como internacionales, han tenido que afrontar tras los terremotos más potentes registrados en el país en más de un siglo. El gobierno de Venezuela informó el jueves que al menos 3.811 personas fallecieron y cerca de 17.000 resultaron heridas. Sin embargo, hay 30.000 desaparecidos y se espera que la cifra de muertos aumente a medida que lleguen los equipos de rescate con maquinaria para levantar las losas de hormigón y el acero retorcido.
El desastre ha puesto de manifiesto lo que los críticos describen como el persistente mal funcionamiento del gobierno autoritario —y no elegido democráticamente— de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien cuenta con el respaldo de la administración Trump. Ella ocupaba el cargo de vicepresidenta hasta que Estados Unidos destituyó al exmandatario Nicolás Maduro en una incursión militar el 3 de enero.
Desde entonces, Trump ha elogiado reiteradamente a Rodríguez por su cooperación y ha afirmado que Estados Unidos está dispuesto a ayudar a este país rico en petróleo que atraviesa una situación crítica. John Barrett, jefe de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, declaró esta semana a la prensa que el gobierno de Rodríguez “ha cumplido plenamente con nuestras solicitudes para impulsar esta respuesta humanitaria masiva”.
La mayoría de los venezolanos no opina lo mismo.
