Abundan las metáforas para describir lo que significa, material y simbólicamente, el doble sismo que asoló el norte costero de Venezuela. Dos semanas después, las cifras oficiales reportan miles de muertos. Pero las historias que emergen desde el terreno revelan un llanto sobre otro llanto: la ineficacia del Estado en La Guaira, dos gobiernos y un solo gran desastre. Frente al horror surge una pregunta inevitable: ¿cómo reconstruir el país?
Con el paso de los días han aflorado nuevas capas de esta tragedia. Una de ellas es la desigualdad. Aunque no hubo escudo social que detuviera la desgracia, desde las primeras horas las diferencias se hicieron evidentes entre quienes disponían de recursos y quienes no. En la zona cero del litoral central conviven escenas desgarradoras: grúas y retroexcavadoras privadas trabajan frente a edificios residenciales colapsados, mientras, a pocos metros, otras familias siguen removiendo escombros con una mandarria para encontrar a sus seres queridos.
Sin embargo, la diferencia no parece responder únicamente a la condición económica. En Caracas, un municipio de clase media alta administrado por el opositor Gustavo Duque respondió de otra manera. Allí se activaron protocolos de emergencia, evacuación y atención temprana.
Las primeras 48 horas dejaron al descubierto la parálisis del Estado chavista. Mientras los cadáveres permanecían en las aceras, los llamados desesperados para rescatar sobrevivientes inundaban las redes sociales y los micrófonos de los medios independientes.
Después llegaron otros ruegos. Con las heridas aún abiertas, muchos piden una retroexcavadora para remover toneladas de concreto y hierro “sin que me cobren un billete” —al menos 500 dólares diarios— y recuperar los cuerpos que se descomponen ante la impotencia de sus familiares. Bajo temperaturas superiores a los 30 grados, el olor de la muerte se instala sobre un paisaje que necesitará mucho más que infraestructura: requerirá una política pública de duelo, consuelo y reparación.
El doblete sísmico también hizo más visible la compleja trama del poder real en el país. Allí se sitúa el drama del protectorado de facto en que se ha convertido Venezuela desde el pasado 3 de enero.
Las delegaciones internacionales que llegaron para colaborar en las labores de emergencia recibieron una advertencia: en Venezuela operan dos gobiernos. El encabezado formalmente por Delcy Rodríguez y el que ejerce la tutela efectiva desde Estados Unidos.
Voceros estadounidenses, entre ellos el encargado de negocios John Barrett y el general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, han informado sobre la ayuda internacional. Cerca de dos mil militares estadounidenses permanecen en territorio venezolano y asumieron, además, el control del tráfico aéreo en Maiquetía, principal aeropuerto del país que quedó inhabilitado por los sismos.
Distintas fotografías muestran a Barrett y a oficiales estadounidenses compartiendo cordialmente con el ministro del Interior, Diosdado Cabello, principal rostro del aparato represivo venezolano y sobre quien Estados Unidos mantiene una recompensa de 25 millones de dólares. Hasta hace poco parecían enemigos irreconciliables.
El terremoto confirmó, una vez más, el carácter profundamente pragmático del autoritarismo venezolano. Así como logró adaptarse a las sanciones internacionales, ahora parece acomodarse a una condición de tutela externa. Mientras Delcy Rodríguez insiste en que ella ejerce la autoridad, su hermano Jorge concentra buena parte de la gestión pública visible. La troika gobernante ―Cabello es la tercera pata― se reacomoda internamente.
En contraste, María Corina Machado —la líder política artífice del triunfo opositor del 28 de julio de 2024— permanece varada en Panamá en un intento frustrado por viajar a Venezuela. Según declaró el 7 de julio al periodista César Batiz, aún se construyen las condiciones para un regreso seguro al país.
En momentos como este, la acción política suele ser vista con desconfianza. Sin embargo, quizá nunca haya sido tan necesaria. Hace falta para denunciar la negligencia, proteger los derechos humanos, vigilar el destino de los recursos públicos, darle estructura a la protesta ciudadana y defender una República que atraviesa uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad.
La dimensión técnica del desastre también es inmensa. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó preliminarmente en 6.700 millones de dólares los daños físicos directos, equivalentes al 6% del Producto Interno Bruto. El ingeniero José María De Viana atribuye el colapso masivo de edificaciones a la combinación de una falla sísmica con décadas de ocupación de suelos sedimentarios sin controles adecuados. El antropólogo Rogelio Altez agrega otro factor estructural: la pérdida sostenida de capacidades técnicas y científicas dentro del Estado.
La tragedia también pasa factura en el terreno político. Una encuesta de Atlas Intel muestra un aumento sostenido de la desaprobación hacia la gestión de Delcy Rodríguez, que pasó de 44% en enero a 63,3% en junio. Al mismo tiempo, Donald Trump afirmó que no ve condiciones para celebrar elecciones en Venezuela. Como decimos en criollo: éramos muchos y parió la abuela.
En este contexto, ¿cómo organizar una transición entre los escombros?
Frente al colapso institucional, la historiadora Margarita López Maya y la politóloga Magdalena López han propuesto la creación de una Junta de Gobierno de Emergencia. Su planteamiento parte de un diagnóstico lógico: si el problema es la ausencia de Estado, la solución difícilmente puede consistir en esperar que quienes produjeron ese vacío lo resuelvan por sí solos.
La propuesta consiste en conformar un cuerpo colegiado de profesionales de la sociedad venezolana integrado por ingenieros, sismólogos, médicos, gestores de riesgo, economistas y científicos sociales con capacidad técnica, legitimidad pública y autonomía suficiente para coordinar la reconstrucción. Además, “esta junta tendría una doble tarea simultánea: atender la emergencia inmediata (escombros, identificación de víctimas, vivienda, entre otros) y, al mismo tiempo, contribuir junto con el gobierno de Delcy Rodríguez y quienes representan la oposición democrática mayoritaria del país, a sentar las bases políticas e institucionales de una transición democrática que no puede seguir postergándose”.
Un planteamiento similar en lo técnico hace Kenneth Ramirez, presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Propone la conformación de un gobierno que incluya figuras creíbles tanto internas como externas. Argumenta que, dado que el gobierno actual carece de legitimidad y capacidad, este equipo podría gestionar la reconstrucción, buscar fondos frescos y el retorno de Venezuela al sistema interamericano.
Gran parte del territorio venezolano descansa sobre fallas sísmicas. Pese a ello, nunca existió una política consistente de prevención. Algo parecido ocurre con las instituciones. Venezuela reposa desde hace años sobre una enorme falla política e institucional. Si la energía acumulada del descontento continúa sin encontrar una salida democrática, nuevos movimientos serán inevitables.
Aunque la solidaridad ciudadana ha sido admirable, está lejos de convertirse en un sistema capaz de sostener durante meses o años a comunidades devastadas. Es probable que el impulso solidario disminuya con el tiempo y quede nuevamente expuesto lo que millones de venezolanos vienen diciendo desde hace años: el país necesita un cambio profundo de actores y de modelo. Quienes lo desmantelaron deben irse.
Desde 2022 la base social del oficialismo comenzó a fracturarse. Esa ruptura se hizo visible en las primarias opositoras de 2023 y alcanzó su mayor expresión el 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia. Incluso hoy, entre el dolor y la devastación, el sentimiento dominante sigue siendo el mismo: el desamparo frente a un poder que parece dispuesto a apropiarse incluso de la esperanza.
La reconstrucción exige manos, maquinaria, conocimiento científico y recursos. Pero también necesita una nueva arquitectura política. Una Junta de Emergencia no resolverá por sí sola todos los problemas del país. Puede, sin embargo, ofrecer la estructura mínima sobre la cual comenzar a levantar un futuro posible.
No basta con remover los escombros. También habrá que reparar el tejido institucional y atender el dolor de una sociedad a la que durante demasiado tiempo se le ha exigido resiliencia cuando, en realidad, lleva años a punto de quebrarse.
