La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) reportó este lunes que familiares denunciaron traslados arbitrarios de detenidos de unas cárceles a otras, en medio del proceso por la Ley de Amnistía promulgada en febrero.
En una publicación en X, la ONG indicó que los detenidos trasladados están vinculados a la llamada “Operación Gedeón”, quienes fueron movilizados durante la madrugada de este lunes, sin una notificación oficial de las autoridades.
La organización no detalla cuántos son los presos movilizados, pero señaló que los traslados se están efectuando desde la cárcel militar Fuerte Guaicaipuro hacia la cárcel Yare III, ambas ubicadas en el estado Miranda.
“(Los familiares) aseguran que hasta el momento desconocen el paradero de otros presos políticos militares que permanecían recluidos junto a ellos, algunos de los cuales ya habían sido previamente trasladados desde (la cárcel) de Ramo Verde tras cumplir condena y sometidos a semanas de incomunicación y aislamiento”, informó la ONG.
En este sentido, los familiares exigieron la libertad inmediata de todos los presos políticos, así como “información clara y oportuna” sobre su paradero, el respeto a su integridad física y mental y garantías de comunicación y visitas familiares.
“También rechazan que se les mantenga en aislamiento bajo el argumento de readaptación”, agregó la ONG, en referencia a la práctica que han denunciado los familiares de aislar por días, incluso semanas, a los detenidos trasladados en sus nuevos centros de detención.
En las últimas semanas, los familiares de detenidos por la llamada “Operación Gedeón” han denunciado maltratos y condiciones precarias de reclusión, especialmente contra el grupo encarcelado en el Fuerte Guaicaipuro.
Estos traslados se reportan en medio del proceso de amnistía, por el cual unas ocho mil 416 personas habían recibido libertad plena hasta el pasado 26 de marzo, según datos del Parlamento, que no ha divulgado una lista con las identidades de los beneficiados.
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
