España pondrá fin en junio al mecanismo que, desde 2018, ha permitido a decenas de miles de venezolanos regularizar su situación de forma casi automática. El Gobierno dejará de conceder de manera sistemática permisos de residencia por razones humanitarias a este colectivo, cerrando así una de las vías más particulares del sistema de asilo.
La medida se produce tras años de debate interno sobre el impacto de las solicitudes venezolanas, que han llegado a concentrar una parte significativa de los expedientes, y supone su retorno al procedimiento ordinario que rige para el resto de los migrantes, informa El País.
La decisión coincide con la tramitación de una regulación extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo, tras un acuerdo con Podemos, que permitirá optar a la regularización a quienes demuestren haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, no posean antecedentes penales relevantes y acrediten una permanencia mínima de cinco meses al momento de la solicitud.
Fuentes gubernamentales sostienen que se trata de un ajuste en la forma, más que en el fondo. “Las razones humanitarias de venezolanos o de cualquier otra nacionalidad se tramitarían por un nuevo cauce”, indicaron. Sin embargo, en la práctica, la medida complica el panorama para los venezolanos que proyectaban emigrar al país europeo, ya que las autorizaciones por razones humanitarias suelen ser excepcionales y están vinculadas a circunstancias específicas, como problemas de salud, lo que elimina una vía que hasta ahora funcionaba como alternativa dentro del sistema.
Desde la implementación de este mecanismo en 2018, España ha otorgado cerca de 240.000 permisos de residencia por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos. En varios años, estas concesiones representaron más del 95% del total —e incluso en algunos periodos la totalidad— de este tipo de autorizaciones. Las cifras se mantuvieron durante años alrededor de las 40.000 anuales, hasta alcanzar unas 50.000 en 2025.
El procedimiento consistía en que los solicitantes venezolanos ingresaban al sistema de protección internacional mediante una petición de asilo. En lugar de recibir el estatus de refugiado, se les concedía una autorización de residencia por razones humanitarias, con una vigencia inicial de 12 meses, prorrogable por otro año, que les permitía trabajar y residir legalmente.
Aunque no constituía asilo en sentido estricto, funcionaba dentro de ese mismo esquema y ofrecía una salida administrativa a expedientes que no cumplían con los criterios clásicos de refugio, pero tampoco podían derivar en una deportación. Además, este período de residencia abría la posibilidad de avanzar hacia una regularización más estable y, eventualmente, optar a la nacionalidad española.
