La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) alertó sobre un presunto pacto entre el chavismo y sectores aliados del régimen para designar al fiscal general y al defensor del pueblo, «desconociendo lo establecido en la Constitución».
En un comunicado difundido en sus redes sociales, la alianza de partidos acusó al Gobierno de Delcy Rodríguez de designar funcionarios que garanticen la continuidad del actual sistema para «preservar cuotas de poder».
Considera que ambos cargos representan piezas fundamentales para garantizar una «verdadera transición y el restablecimiento de las libertades».
«Venezuela necesita y exige instituciones verdaderamente independientes, plenamente apegadas al mandato constitucional y al servicio de la ley, de la libertad y de los derechos de todos los venezolanos, y no funcionarios sometidos a un régimen que pretende perpetuar el control sobre los órganos fundamentales del Estado», expresó la agrupación.
Actualmente la Asamblea Nacional impulsa un proceso para designar al nuevo fiscal general y al defensor del pueblo tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.
El pasado lunes, el parlamento extendió el plazo de recepción de postulaciones para la selección de los funcionarios hasta las 10:00 a. m. del viernes 13 de marzo.
A continuación, el comunicado:
No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente
Han transcurrido más de dos décadas durante las cuales los venezolanos hemos padecido las consecuencias de una política sistemática orientada a la cooptación y destrucción de las instituciones del Estado. Hoy, cuando está en curso el proceso para la designación de un nuevo Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo, consideramos necesario alertar con responsabilidad al país y a la comunidad internacional.
A espaldas del momento político que vive Venezuela y desconociendo, una vez más, lo establecido en la Constitución de la República, se estaría gestando un pacto entre el régimen y sus aliados para repartirse estos nombramientos. El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad, permitiendo el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes.
La autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es indispensable para asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. La Constitución establece que el Ministerio Público tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
En consecuencia, el Fiscal General de la República es el funcionario llamado a garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso, se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política. No se trata de un cargo administrativo más: se trata de una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto.
Por esa razón, la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder. La independencia de estas instituciones es una condición indispensable para cualquier proceso real de democratización.
El propio debate internacional sobre el futuro de Venezuela ha señalado que el país atraviesa distintas etapas en el camino hacia la normalización institucional: estabilización, recuperación y transición democrática. En ese contexto, la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades.
Por ello, consideramos que la designación de un Fiscal General y de un Defensor del Pueblo verdaderamente independientes debe formar parte del proceso de transición democrática que Venezuela necesita, y no de acuerdos opacos que pretendan prolongar la subordinación de las instituciones al poder político.
Venezuela necesita y exige instituciones verdaderamente independientes, plenamente apegadas al mandato constitucional y al servicio de la ley, de la libertad y de los derechos de todos los venezolanos, y no funcionarios sometidos a un régimen que pretende perpetuar el control sobre los órganos fundamentales del Estado.
El país reclama justicia independiente, respeto a la Constitución y el fin definitivo de la persecución política.
Caracas, 11 de marzo de 2026.
