(EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron este martes supuestos cobros en dólares en algunos tribunales para entregarles la notificación que otorga la libertad plena a sus allegados como parte de la ley de amnistía aprobada el pasado mes por el Parlamento.
El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó el pasado 19 de febrero por unanimidad una histórica Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.
Asimismo, creó una comisión especial que revisa casos «no contemplados» en la ley.
«Los Tribunales Primero, Segundo y Tercero en funciones de Juicio con competencia en casos vinculados a delitos asociados al terrorismo están exigiendo a nuestras familiares resmas de papel, cajas de bolígrafos y pagos en dólares en efectivo como condición para notificarles y entregarles copia de la decisión que les otorga la libertad plena», dijo en una nota de prensa el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
La denuncia
El comité, constituido por detenidos en el marco de protestas contra la reelección de Nicolás Maduro en 2024, señaló que las familias no cuentan con recursos para «cubrir cobros ilegales» y recordó que muchos de sus integrantes tuvieron que hacer grandes esfuerzos para costear los traslados hacia las cárceles en las que se encontraban sus parientes detenidos, la mayoría alejados de sus estados de residencia.
«La justicia es un derecho constitucional, no una mercancía. Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados», añadió.
Por ello, las madres instaron a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y al Programa de Convivencia y Paz del Gobierno venezolano que promueve el diálogo político, para que «constaten» su denuncia y exijan a las autoridades judiciales cumplir con su obligación sin solicitar un «pago arbitrario».
Sin embargo, lo familiares también destacaron que el proceso de amnistía «se ha dado con mucha celeridad» y que durante su visita a tribunales muchos se han encontrado con la «grata noticia» de que el trámite ya había sido solicitado por las autoridades, entre ellos la Fiscalía y defensores públicos.
Hasta ahora, la Justicia de Venezuela ha otorgado un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía, la gran mayoría a personas con medidas cautelares, informó este martes el presidente de la comisión parlamentaria, el chavista Jorge Arreaza.
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos en Venezuela, está verificando la cantidad de liberados tras la amnistía y el jueves en la tarde cifró en 568 el total de los detenidos por motivos políticos en el país.
