El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez -hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez-, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió «sendas misivas» con la renuncia de ambos funcionarios, quienes habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un periodo de siete años, es decir hasta 2031. Pero ahora, Tarek William Saab, sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país, ocupará este cargo nuevo sin que se conozcan los motivos específicos de su salida de la Fiscalía. «Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos», señaló Rodríguez cuando hizo el anuncio.
Según el jefe parlamentario, el procedimiento constitucional estipula designar un comité de postulaciones. «Vamos a proceder a escoger a una encargada o un encargado para ambos cargos mientras se activa el comité de postulación», indicó durante la sesión. Y acto seguido, la Asamblea Nacional votó por funcionarios encargados para sendos puestos.
Saab recibió la mayoría calificada y fue designado defensor del pueblo encargado, un puesto que ya ocupó previo a su paso de casi una década a la cabeza del Ministerio Público. Y en su lugar, el abogado Larry Devoe fue votado como fiscal encargado. Devoe es representante de Venezuela ante el sistema internacional de derechos humanos. Encabeza el estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.
Saab, quien también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro. Es considerado uno de los más cercanos colaboradores de la llamada «Revolución Bolivariana» y sus detractores lo acusan de servir al chavismo. Su renuncia se produce casi dos meses después de que Estados Unidos lanzó una operación militar el 3 de enero con bombardeos en Caracas y zonas aledañas. Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma temporal tras el derrocamiento del mandatario chavista.
La Asamblea Constituyente, que rigió como un «suprapoder» cuando la oposición controlaba el Parlamento, nombró en 2017 a Saab como fiscal general al destituir a Luisa Ortega Díaz, una chavista que se rebeló contra Maduro. Se desempeñaba desde 2014 como defensor del pueblo. También fue gobernador de su natal estado Anzoátegui (2004-2012). Saab es hijo de inmigrantes libaneses, poeta y amante del gimnasio y los tatuajes.
La mandataria interina adelanta cambios progresivos en su gabinete como parte de una agenda que incluye una reforma a la norma petrolera y una histórica ley de amnistía, promulgada la semana pasada. El instrumento representa un paso para «una Venezuela más democrática, más justa, más libre», según la propia presidenta encargada.
Saab apostaba a la «pacificación real» de Venezuela por medio de la ley de amnistía, iniciativa de Delcy Rodríguez. «Nos merecemos la paz, que todo sea debatido a través del diálogo», dijo el entonces fiscal en entrevista con la AFP a comienzos de febrero antes de la promulgación de la norma. Estuvo al frente de la fiscalía durante casi una década cuando Maduro gobernaba con mano de hierro. Está sancionado por Estados Unidos desde 2017 entre cuestionamientos por violaciones de derechos humanos en el país.
