La reciente intervención de Estados Unidos ha sacudido las bases del chavismo, aunque los venezolanos asumen que el fin definitivo de esta era no será inmediato. En medio de la incertidumbre, la liberación de quienes permanecen en los calabozos por motivos políticos se perfila como la señal determinante para validar cualquier voluntad de cambio por parte del remanente oficialista.
Por ABC
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, afirmó anoche en un comunicado que «la normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas», a quienes calificó como «verdaderos rehenes de un sistema de persecución».
Según el último balance de la ONG Foro Penal, actualmente hay 863 presos políticos en Venezuela, algunos detenidos desde 2002. Del total, 687 son civiles y 176 militares; por género, se registran 757 hombres y 106 mujeres, además de un adolescente. Los datos indican que 679 de estas personas permanecen recluidas sin condena, mientras que se desconoce el paradero de 68 de ellas. Desde 2014, la organización ha documentado 18.618 detenciones con fines políticos, y aunque miles han sido excarcelados, más de 9.000 ciudadanos siguen sujetos a medidas restrictivas de libertad.
Diego Casanova, activista del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), asegura a ABC que, desde la operación estadounidense, las visitas de familiares siguen suspendidas «hasta nuevo aviso» y que los allegados «no tienen certeza» de cuándo se retomarán. Asimismo, indica que se ha restringido todo el perímetro de muchas de las cárceles, como la del Helicoide o Rodeo I, evitando que las familias puedan concentrarse en las afueras a la espera de noticias. «Lo que sí han estado permitiendo es ‘paquetería’ en algunos casos y en otros han ido retomando las llamadas», asegura Casanova, refiriéndose a la entrega de insumos vitales -como comida y medicinas- que las familias deben garantizar ante las carencias del Estado y cuyo acceso suele restringirse como medida de presión.
Ante este panorama una coalición de más de veinte organizaciones de derechos humanos -incluyendo a Provea, WOLA y Justicia, Encuentro y Perdón- advirtió este domingo que ninguna transición puede construirse sobre una «selección perversa» de libertades. En un comunicado conjunto, calificaron como «punto de partida innegociable» la liberación incondicional de todos los detenidos, criticando que los procesos recientes han sido «limitados, selectivos y discrecionales», dejando a los excarcelados bajo medidas de control que perpetúan la amenaza de reencarcelamiento.
Antes de que la extracción de Nicolás Maduro lo detuviera, el flujo de excarcelaciones había comenzado a gotear a finales de diciembre y las últimas se registraron el 1 de enero, con 55 personas liberadas. Sin embargo, la opacidad informativa sigue reinando. Casanova advirtió recientemente que la «política de terrorismo de Estado» instaurada tras el 28 de julio ha silenciado a muchas familias por miedo a denunciar. Según explicó, el «maltrato psicológico» persiste tras la salida, ya que los amenazan con ser objeto de nueva represión si hacen público lo ocurrido en prisión.
