Estados Unidos trata de desarticular una pieza clave del despliegue de drones iraníes en Venezuela. El Departamento del Tesoro sancionó a una empresa venezolana y a varios individuos en Irán y Caracas por su implicación en la adquisición, ensamblaje y mantenimiento de drones de combate de diseño iraní utilizados por las Fuerzas Armadas venezolanas.
Según Washington, la operación incluía instalaciones militares concretas, como bases aéreas donde se realizaban tareas de ensamblaje parcial y mantenimiento, y se apoyaba en una cadena logística diseñada para ocultar el origen iraní de la tecnología. El Tesoro sostiene que esta infraestructura ha permitido a Teherán extender su proyección militar en el continente americano, eludir sanciones internacionales y reforzar las capacidades armadas del régimen de Nicolás Maduro, lo que considera una amenaza directa para la seguridad regional y para los intereses de Estados Unidos.
Los drones implicados son aparatos de la familia iraní Mohajer, en particular los modelos Mohajer-2 y Mohajer-6, ensamblados en Venezuela y rebautizados localmente como serie ANSU. Se trata de drones de uso militar con capacidades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia, y en el caso del Mohajer-6, también de ataque. Estos sistemas pueden portar armamento guiado de diseño iraní, como bombas aire-tierra Qaem, y están pensados tanto para misiones de control territorial como para operaciones ofensivas de precisión, con un alcance y autonomía superiores a los medios aéreos no tripulados que Venezuela había utilizado hasta ahora.
Según Estados Unidos, el objetivo del programa era dotar a las Fuerzas Armadas venezolanas de una capacidad autónoma de drones armados, reducir su dependencia de proveedores tradicionales y crear una línea de producción local capaz de sostener el sistema a largo plazo. Al mismo tiempo, Washington considera que el proyecto ofrecía a Irán una plataforma avanzada para probar, ensamblar y desplegar tecnología militar en el continente americano, así como para entrenar personal local y consolidar una presencia industrial encubierta al margen de las sanciones internacionales.
Desde hace varios años se han observado y documentado en Venezuela drones de fabricación iraní o ensamblados localmente sobre la base de modelos Mohajer. Las autoridades venezolanas han exhibido estos aparatos en actos oficiales y demostraciones militares, y analistas de defensa en Washington han identificado su presencia en bases aéreas estratégicas, incluida El Libertador, una de las principales instalaciones de la aviación militar venezolana.
Algunos de estos drones han sido utilizados principalmente para tareas de vigilancia, patrullaje fronterizo y reconocimiento en zonas interiores del país. No existe evidencia pública de su empleo en campañas ofensivas de gran escala, pero su despliegue ha generado inquietud en Estados Unidos y entre sus aliados por el salto cualitativo que supone en las capacidades tecnológicas y operativas de las Fuerzas Armadas venezolanas y por el refuerzo del vínculo militar con Irán.
El papel de Irán
Las sanciones alcanzan tanto a la estructura venezolana que opera los drones como a la red iraní que suministra tecnología, componentes y materiales sensibles. En Venezuela, el Tesoro señala a la Empresa Aeronáutica Nacional SA, una compañía estatal encargada del ensamblaje, mantenimiento y supervisión de los drones, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, por coordinar directamente con militares venezolanos e iraníes la producción local y la integración operativa de estos sistemas.
En Irán, las medidas se dirigen contra empresas y directivos vinculados al complejo militar-industrial, en especial a Qods Aviation Industries, fabricante de los drones Mohajer, y a intermediarios implicados en la exportación de componentes y en la venta de aparatos por valor de millones de dólares a Caracas. Washington sostiene que estos actores han proporcionado apoyo material, tecnológico y financiero tanto a programas de drones como a programas de misiles balísticos iraníes, en violación de sanciones de la ONU y de órdenes ejecutivas estadounidenses.
La Casa Blanca ha subrayado además que este refuerzo de la cooperación militar con Irán refleja la creciente dependencia de Nicolás Maduro de Teherán en un contexto de debilitamiento de sus otros aliados estratégicos. Según la Administración estadounidense, Rusia, absorbida y desgastada militarmente por la guerra de Ucrania, ha reducido de forma notable su capacidad de apoyo efectivo a Caracas, una erosión que, a juicio de Washington, queda en evidencia con la caída de Bashar al Asad en Siria y el retroceso de la influencia rusa en Oriente Próximo. En ese vacío, Irán habría pasado a ocupar un papel central como proveedor de respaldo militar y tecnológico al régimen venezolano.
Máxima tensión
La tensión ha alcanzado su punto máximo tras un ataque con drones atribuido a la CIA contra instalaciones estratégicas para el narcotráfico dentro de Venezuela, una operación que Washington ha confirmado oficialmente. Nicolás Maduro aseguró que el país se defenderá por todos los medios ante cualquier agresión directa, mientras elevaba el tono militar y ordenaba el refuerzo de la defensa aérea, aunque de esa operación con drones no ha dicho nada.
Desde Estados Unidos, Donald Trump respondió con una advertencia directa al líder chavista, al que instó a abandonar el poder y advirtió de consecuencias mayores si Caracas opta por una escalada. El cruce de amenazas marca el momento más tenso de esta confrontación en meses y sitúa el pulso entre ambos países en un umbral inédito desde el punto de vista militar y político.
El atentado con drones de agosto de 2018 marcó un punto de inflexión para la dictadura de Nicolás Maduro. Tras el intento de asesinato durante un acto militar en Caracas, el régimen utilizó el episodio para reforzar el aparato de seguridad, ampliar los poderes de los servicios de inteligencia y acelerar la militarización del Estado. Se intensificaron las detenciones de opositores y disidentes, se cerraron filas dentro de las Fuerzas Armadas y se consolidó el control sobre el espacio público y los actos oficiales. Desde entonces, el chavismo ha convertido la amenaza de ataques con drones en un elemento central de su narrativa de asedio externo, justificando un endurecimiento permanente del régimen y una mayor dependencia de aliados como Irán en materia de seguridad y tecnología.
