La Alianza Regional por la Libre Expresión e Información rechazó las políticas de criminalización que, asegura, mantiene el Estado venezolano contra personas que ejercen sus derechos civiles y políticos, particularmente periodistas y comunicadores sociales. La organización alertó que estas prácticas incluyen detenciones arbitrarias, persecución judicial y graves violaciones al debido proceso.
De acuerdo con datos de organizaciones locales citados por la Alianza, hasta diciembre de 2025 al menos 22 periodistas y comunicadores permanecen detenidos arbitrariamente en Venezuela por ejercer derechos como la libertad de expresión, de prensa y de asociación. Entre las irregularidades denunciadas figuran desapariciones forzadas, negación de abogados de confianza, incomunicación prolongada, desatención médica, castigos, prohibición de visitas y falta de información sobre los procesos judiciales.
El comunicado también señala que familiares de las personas detenidas pasan meses sin conocer su paradero y, cuando logran ubicarles, enfrentan traslados no informados oficialmente. Asimismo, se denuncian castigos físicos, aislamiento y la falta de atención médica a detenidos con enfermedades crónicas, lo que pone en riesgo su vida. La Alianza advierte que estas prácticas se ven facilitadas por la falta de independencia del sistema judicial, acusaciones sin pruebas por parte de la Fiscalía y el silencio de la Defensoría del Pueblo, que incluso ha perdido su acreditación internacional.
La organización cuestionó la narrativa oficial de diálogo y paz promovida por el Gobierno venezolano, al considerar que resulta incompatible con un contexto de detenciones, desapariciones, torturas y negación de derechos fundamentales. En ese sentido, exigió la libertad plena e incondicional de los 22 periodistas y comunicadores detenidos y el cese de la persecución contra sus familiares, así como el fin de los procesos judiciales arbitrarios contra quienes ejercen el periodismo en el país.
