Estados Unidos ha abierto una nueva fase, aún más intensa, en la campaña de presión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. El objetivo ahora será el crudo, la principal fuente de ingresos de Caracas. Tras la incautación de un buque con petróleo de Venezuela en aguas frente a la costa de ese país, en una operación espectacular a la que el Gobierno estadounidense ha querido dar la máxima publicidad, este jueves ha anunciado sanciones contra media docena de otros buques similares, algo que abre la puerta a nuevas confiscaciones. Además, ha impuesto castigos también contra tres sobrinos del líder chavista.
La nueva fase eleva las tensiones que ya existían en el Caribe, donde Washington mantiene su mayor presencia militar en décadas. El presidente Donald Trump amenaza continuamente con atacar objetivos en territorio del país sudamericano.
En sendos comunicados, los Departamentos del Tesoro y de Estado anuncian las sanciones contra cuatro individuos -tres de ellos, los sobrinos de Maduro-, seis empresas navieras que transportan petróleo venezolano y seis de los barcos que esas compañías utilizan.
“Estados Unidos seguirá negando salvavidas financieros al régimen ilegítimo, que Maduro sigue utilizando para oprimir al pueblo venezolano. Estados Unidos está comprometido con mantener al pueblo estadounidense a salvo, utilizando cualquier herramienta a su alcance para eliminar amenazas del narcotráfico y delincuencia en nuestro hemisferio”, señala.
Previamente, en torno a la incautación del miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciaba: “La Administración Trump cumple las políticas presidenciales de sanciones, y no vamos a quedarnos quietos mientras buques bajo sanción surcan los mares con petróleo de contrabando, cuyas ventas alimentarán el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos y malvados en todo el mundo”.
La portavoz ha confirmado que se ha abierto un proceso formal de incautación y Estados Unidos pretende hacerse cargo del petróleo confiscado una vez se hayan completado los pasos legales necesarios.
La confiscación el miércoles del petrolero Skipper estuvo encabezada por fuerzas del Servicio de Guardacostas, con el apoyo de la Marina estadounidense, en una operación bajo la autoridad del FBI, la policía federal. Un vídeo de la operación, difundido por el Departamento de Seguridad Nacional en redes sociales, muestra imágenes que parecen sacadas de una película de acción. Según han explicado altos cargos a medios estadounidenses, helicópteros militares transportaron a los guardacostas desde el portaaviones Gerald Ford, el mayor y más moderno del mundo y parte del gigantesco despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe, hasta el buque mercante.
El vídeo muestra cómo los guardacostas (su servicio es uno de los cinco brazos de las Fuerzas Armadas estadounidenses, junto al ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Infantería de Marina) descienden por cuerdas de los helicópteros a la cubierta del buque incautado y se mueven sobre ella con las armas aparentemente listas para disparar. Los tripulantes del Skipper, según los altos cargos, no opusieron ningún tipo de resistencia.
“Operación exitosa”
“Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para cerciorarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses”, ha declarado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una comparecencia de la Cámara de Representantes este jueves.
El petrolero se desplazaba con bandera de Guyana, aunque el Departamento de Administración Marítima de esa nación sudamericana ha asegurado que se trataba de un estandarte falso y el buque no figura en sus registros oficiales. Al anunciar la incautación, Trump describió el buque como “muy grande, el más grande jamás confiscado”. También indicó al ser preguntado por el destino del crudo: “Bueno, creo que nos lo quedaremos”.
El caso del buque es especial. Este barco, bajo el nombre entonces de Adisa, estuvo vinculado al contrabando de petróleo iraní, dentro de un mercado negro que el FBI y el Departamento de Justicia llevaban investigando años. En el mensaje en redes sociales en el que ha publicado el vídeo, la fiscal general, Pam Bondi, ha escrito: “Durante años, este petrolero estuvo sancionado por Estados Unidos debido a su implicación en una red ilícita de transporte de crudo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.
Un acto insólito
Pero la participación de efectivos militares estadounidenses para incautar un barco mercante es algo insólito. Y el anuncio de la operación ha llegado un mes después de que un buque militar estadounidense se interpusiera en la ruta de un navío ruso que se dirigía a Venezuela y le obligara a desviarse hacia Cuba, según publicó hace dos semanas la agencia Bloomberg. El mercante ruso transportaba nafta, un químico que Venezuela necesita importar para diluir su petróleo pesado y poder comercializarlo.
Caracas ha denunciado la incautación del miércoles como “un robo descarado y un acto de piratería internacional”. “Han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela. No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas, que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”, indica un comunicado del Gobierno.
Altos cargos que hablaron con el periódico The New York Times declararon que anticipan otras incautaciones en las próximas semanas, como parte de los esfuerzos de la Administración para debilitar al régimen chavista, privándolo de los ingresos del petróleo. El sector energético es el gran motor de la economía venezolana, y la dependencia que el país tiene de él se ha ido multiplicando a causa de la larga lista que acumula de sanciones internacionales.
El mes pasado el país sudamericano produjo cerca de 900.000 millones de barriles diarios. Su principal cliente es China, aunque debe venderle a precios rebajados ante la competencia de Rusia e Irán, otros dos países productores petroleros fuertemente sancionados por la comunidad internacional.
“Estados Unidos está poniendo a Venezuela bajo bloqueo”, opina Francesca Emanuele, del Centro de Investigación para la Política y la Economía (CEPR, por sus siglas en inglés) antes de que tuviera lugar la incautación. Además de las incautaciones, apunta, ha declarado cerrado el espacio aéreo venezolano y apenas entran vuelos internacionales, con la excepción de los aviones que transportan inmigrantes deportados y que el país caribeño acaba de volver a aceptar. “Las amenazas son una cosa, pero ahora estamos añadiendo la posibilidad de un bloqueo, que agravaría las circunstancias ya horribles del 78% de venezolanos que viven bajo el umbral de la pobreza”, denuncia, al instar a los países europeos a condenar con firmeza la situación.
La operación para incautar el buque mercante intensifica los esfuerzos de la Administración Trump para presionar a Maduro. Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue naval frente a las costas de Venezuela, al que el mes pasado se sumó el Ford y que incluye aviones de combate y cerca de 15.000 soldados.
El dispositivo militar desarrolla la llamada Operación Lanza del Sur, cuyo objetivo es, según Estados Unidos, luchar contra el narcotráfico. Desde el 2 de septiembre ha atacado al menos 22 supuestas narcolanchas, en bombardeos que han matado a 87 personas.
Pero el Gobierno de Venezuela, y numerosos expertos, consideran que el verdadero objetivo del despliegue es tratar de forzar la salida de Maduro. Washington describe al líder chavista como cabecilla del narcotráfico, ha incluido en su lista de organizaciones extranjeras al Cartel de los Soles, el supuesto grupo delictivo que asegura que Maduro encabeza y ha doblado a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por su captura.
